El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes públicos. El concepto ampliado lo brindan los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015.
Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, ver la Ley 850 de 2003.
Consultar información general sobre veedurías registradas puedes dirigirse a la Personería Municipal de Santander de Quilichao, ubicada en la Casa de Justicia - carrera 10 13AS-196, Teléfono: (+57) 602 8443000 ext 175 o en el portal web del registro único empresarial (RUES). https://www.rues.org.co/Veedurias
Las instancias de participación ciudadana permiten el encuentro e interacción entre actores sociales y entre estos con las autoridades públicas locales y distritales. Se distribuyen en dos grupos: las instancias que abordan asuntos de interés general, es decir, que afectan a todos y las instancias que tratan temas específicos, que conciernen a una parte de la población.
Las instancias de participación ciudadana desarrollan sus acciones para informar, deliberar, concertar o decidir en los asuntos propios de su naturaleza. Tener claro el alcance de la instancia de participación es definitivo en la búsqueda de la legitimidad, tanto de las acciones de la instancia de participación como de las responsabilidades de los gobernantes.
